La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció detalles sobre la inmovilización de activos de Rubén Rocha Moya. Explicó que esta medida de la UIF obedece a lineamientos de control y no a un proceso judicial iniciado en México.
En concordancia con los datos de El Excélsior, la mandataria especificó que la dependencia opera bajo criterios técnicos, ejecutando la congelación provisional de activos cuando surgen alertas de riesgo en los flujos bancarios.
La activación de las alarmas bancarias responde a la estrecha cooperación internacional con dependencias judiciales de Estados Unidos, que indagan nexos de servidores públicos con células delincuenciales.
Desde días anteriores, las versiones sobre estas restricciones financieras sobre el gobernador con licencia y el senador Enrique Inzunza habían cobrado relevancia en las coberturas mediáticas del país.
Sheinbaum finalizó manifestando que su administración solicitará reportes detallados y enfatizó que, aunque no hay una investigación formal local, no habrá impunidad para quien infrinja la ley, siempre que existan evidencias.
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