Es verdaderamente inspirador ver cómo los funcionarios públicos buscan ingresos extra para combatir la crisis económica actual. El ejemplo perfecto nos lo regala Efraín Rivero Euán, quien fue removido de su cargo como subdirector de Operaciones y Procesos del Catastro Municipal tras descubrirse que tenía un negocio secundario muy lucrativo a costillas de los ciudadanos.
Sobre este sonado caso, la información que está circulando en medios digitales detalla que su brillante modelo de negocio consistía en cobrarle 1,500 pesos por trámite a personas de escasos recursos procedentes de las comisarías, prometiéndoles gestiones rápidas que nunca ocurrieron. Una genialidad digna de los mejores estafadores de cuello blanco, aplicada directamente desde las entrañas de una oficina gubernamental encargada de impartir orden.
Naturalmente, los afectados terminaron hartos de escuchar un catálogo infinito de pretextos cada vez que exigían respuestas sobre sus papeles retenidos. Las denuncias ciudadanas hicieron tanto ruido que la Contraloría Municipal no pudo seguir haciendo como que la virgen le habla, y tuvo que abrir una carpeta de investigación por faltas administrativas graves. ¡Qué cosas tan delicadas se inventan las autoridades!
Por supuesto, Efraín ya se sumó al club de los inocentes perseguidos por el sistema, negando rotundamente las acusaciones tal como lo hacen todos aquellos que presumen ser los más honestos del universo en sus redes sociales. Tristemente para su causa, en la dependencia de Aura Loza Álvarez ya se cansaron de sus cuentos y le mostraron amablemente la salida.
Este sainete administrativo llega justo después de la misteriosa salida de Fernando Tzab, aquel angelito panista que aseguraba trabajar tan duro que ni tiempo tenía para hacer grilla u hostigar personal. La escoba de la limpieza interna está barriendo con todo; la gran duda ahora es saber quién será el siguiente en abandonar el barco.
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